Este mes, el Banco Central anunció la activación del Requerimiento de Capital Contracíclico (RCC) para la banca en un nivel de 0,5% de los activos ponderados por riesgo.

En un comunicado, el organismo entregó más detalles:

“El Consejo ha activado el RCC como una medida precautoria ante la mayor incertidumbre externa. No obstante que el escenario macroeconómico ha evolucionado en línea con lo previsto, ha aumentado el riesgo de ocurrencia de un shock externo severo”.

La medida causó sorpresa en los mercados y causó diversas reacciones en las instituciones financieras, los gremios y especialistas económicos.

Este hecho fue el tema de análisis este lunes 29 de mayo en el séptimo capítulo de “La Semana Económica”, conducido por Michéle Labbé, economista, académica de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS), e integrante de nuestro Círculo de Economía y Finanzas.

El invitado fue Enrique Marshall, PhD economía de la Universidad de Notre Dame, presidente del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales y director del Magíster en Banca y Mercados Financieros de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Informe de Estabilidad Financiera

El ex presidente y consejero del Banco Central partió destacando que es importante mantener por carriles diferentes las dos acciones que hizo el organismo durante la semana pasada: el anuncio del RCC y el lanzamiento del Informe de Estabilidad Financiera.

“Las circunstancias tampoco conversan completamente bien con la decisión adoptada”, afirmó en relación al RCC.

En tanto, sobre la publicación, destacó su valor: “es una gran contribución que hace el banco para brindar orientación sobre los riesgos y las vulnerabilidades financieras”.

Las consecuencias del IFE laboral y los retiros de los fondos de pensiones fueron los factores internos que Labbé vinculó a las razones que entregó el Banco Central tras anunciar el RCC.

“Los retiros salieron de los fondos de pensiones, el principal inversionista institucional de nuestro mercado, entre 50 mil 60 mil millones de dólares, hubo que liquidar inversiones y provocó efectos en el mercado y en los precios”.

Esta medida expandió el consumo, se gatilló una expansión de la demanda y un efecto inflacionario, detalló el economista.

Las razones tras la activación del RCC

Uno de los argumentos que entrega el Informe de Estabilidad Financiera “es que la economía chilena tendría menor capacidad de reacción ante un shock externo”, citó Labbé.

Al respecto, Marshall señaló que es importante analizar lo que ocurre en cada sector. Por ejemplo, el gobierno ha logrado estabilizar la deuda, pero todavía es mayor en 40% que hace unos años.

“Cuando uno tiene más deuda, la capacidad de reacción y de recurrir a acciones como el IFE, es menor. Es decir, mientras más alto es el nivel de endeudamiento, menor es la capacidad de reacción”.

En el caso de los hogares, el economista reconoce que las capacidades están debilitadas en el caso de los hogares.

“Las familias han hecho uso de ahorros y ha bajado su capacidad de agregar nuevos ahorros y están más débiles en caso que tuviésemos un nuevo shock externo. Para este sector sería más difícil reaccionar”.

La construcción es uno de los sectores afectados, sobre todo durante la pandemia, y su vínculo financiero tiene relación con que es uno de los grandes usuarios del sistema financiero.

“Esta crisis nos ha llevado a una elevación de las tasas de interés y los créditos hipotecarios han subido. Habría que agregar que antes de la pandemia teníamos una elevación de los precios”, explicó.

Esta situación no solo es nacional, sino que parte de un fenómeno global. “Los precios de las viviendas han subido y cada vez es más difícil tener una vivienda propia”, afirmó.

La posibilidad de un sexto retiro

“Sería catastrófico y muy perjudicial”. Así catalogó la medida si es que se llega a aprobar en el Congreso, según el economista.

La medida que ha sido analizada por su impacto negativo en el mercado de capitales, es necesario que sea vista desde la perspectiva de quiénes son sus usuarios.

“Los perjudicados serían las personas, los hogares y las pymes porque no tienen opciones”, explicó, en referencia a que las grandes empresas pueden recurrir a alternativas internacionales.