Desmitificar las licencias médicas fue el objetivo del tercer capítulo de “La Semana Económica”, transmitido el lunes 29 de abril y organizado por el Círculo de Economía y Finanzas de ICARE.

En esta oportunidad, la economista e integrante de nuestro Círculo, Michéle Labbé, conversó con Tomás Campero, presidente de Cajas de Chile A.G., asociación gremial que reúne a las cuatro cajas de compensación del país.

“Más del 60% de las cotizaciones que se destina a FONASA o a las isapres, se va directo al pago de los subsidios por incapacidad laboral”, explicó la economista.

Origen de las cajas de compensación

“En los años 50, la comunidad empresarial que venía de agrupaciones sociales cristianas, se organizó para impulsar el bienestar y protección social de los trabajadores”, indicó.

Desde entonces, las cajas de compensación son de las pocos organizaciones con directorios bipartitos integrados por representantes de los empresarios y de los trabajadores.

Campero destacó que el rol social de las cajas se mantiene y se refleja, por ejemplo, en la inclusión financiera para aquellas personas que antes no tenían acceso al crédito. “Anualmente, un millón y medio de personas le piden un crédito a las cajas”, explicó.

Otros puntos relevantes son los copagos que se aplican sobre lo que no cubren los seguros de salud, las alternativas de capacitación y los beneficios recreativos que son los más conocidos por sus centros de veraneo.

Licencias médicas

Ocho millones de licencias médicas se emitieron en el último año, explicó el representante gremial.

“Nosotros colaboramos en la administración (de las licencias médicas). Ayudamos a procesar, por ejemplo, a calcular cuánto correspondería de subsidio por el pago, que es la remuneración equivalente, porque no la paga el empleador, sino que el subsidio que se financia con la cotización. Nosotros hacemos el cálculo y pagamos”, explicó.

Asimismo, agregó que “no hacemos de contraloría médica que es quien revisa y autoriza. Eso lo hace el COMPIN que depende del Ministerio de Salud”.

También explicó que “el 80% de las licencias médicas corresponden a FONASA”. No obstante, reconoció que el gasto a nivel país por esta materia es elevada.

“La dimensión del gasto en Chile es gigantesca. Al 2023 eran USD 3.200 millones, es decir, más del 1% del PIB”, afirmó.

Sin embargo, planteó que existe una mala práctica que busca corregir el proyecto de ley antifraude de licencias médicas.

“Los médicos para no perjudicar a sus pacientes, otorgan más días para llegar a once y que se paguen las licencias. Hay muy pocas entre ocho, nueve o diez días. El desincentivo no funciona, por lo que, en la práctica, pagamos el 100% del salario. En otros países comienzan del 90%”, acotó.