El domingo 25 de octubre, en una jornada histórica para nuestra democracia, la ciudadanía acudió a las urnas electorales para decidir el devenir del panorama constitucional.

El triunfo del Apruebo abrió el camino para que Chile discuta en los próximos meses cómo será su nueva Constitución.

Uno de los tantos desafíos que tendremos en la senda hacia la nueva carta magna son los derechos sociales.

¿Qué se puede garantizar en dicha materia? Esa fue la interrogante principal que abordamos en el quinto capítulo del ciclo 2/3: punto de encuentro.

Este espacio transmitido el 28 de octubre, a través de ICARE TV y EMOL, estuvo conducido por Hernán Larraín.

Además, contó con la participación de dos destacados académicos y expertos en materia legal:

Constanza Hube – Abogada, Máster en Derecho Público y directora del Foro Constitucional UC.

Luis Cordero – Abogado, Doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Chile.

El Plebiscito y el ajuste de expectativas

Para Hube quizá lo más importante de la jornada del 25 de octubre, entre tantas cosas que se podrían destacar, es el hecho de que la ciudadanía pudo votar con seguridad.

«Me parece que la alta participación fue un reflejo de esa seguridad», recalcó.

Por su parte, Cordero destacó que el Plebiscito tuvo varios elementos simbólicos y otros tantos procedimentales.

Entre los simbólicos detalló que lo sucedido el domingo fue «fiel a la tradición republicana del sistema democrático chileno».

«En los momentos más complejos de la tradición constitucional chilena hemos utilizado la democracia y las personas han entendido que es la manera más sensata de resolver un problema».

En otro orden de ideas, Hube aseveró que es fundamental el manejo de expectativa respecto a la nueva Constitución.

«Las personas creen que la nueva Constitución puede mejorar su situación económica, la calidad de la educación, el acceso a la salud, los sueldos y las pensiones, y esos son elementos propios de las políticas públicas«.

Para la académica el próximo paso debe ser el ajuste de esas expectativas, con un trabajo en paralelo del Congreso para responder a dichas demandas sociales.

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