Como todos los años, autoridades fiscales de todo el mundo se preguntan cuáles serán los desafíos que tendrán que enfrentar. Estas se centran en materia de recaudación de impuestos, que es clave en el presupuesto gubernamental por la cantidad de ingresos que se generan para las arcas fiscales y también porque permite, en gran parte, el financiamiento de sus planes sociales.
«El actual ciclo de reforma tributaria podría cambiar fundamentalmente las reglas tributarias, tal como las conocemos hoy, preparando el escenario para más incertidumbre y controversia» — Macarena Navarrete, Socia principal de EY Chile
Dentro de este contexto, el estudio “Riesgo fiscal y controversia 2017-18 de EY”, en que se encuestó a 30 autoridades tributarias de 21 países (G20 y no G20), entregó interesantes resultados sobre los riesgos tributarios asociados a diferentes tipos de incertidumbres —como controversias tributarias— que se han generado a nivel mundial y van en aumento.
De acuerdo a la encuesta, los contribuyentes perciben los precios de transferencia como su principal fuente de riesgo. En segundo lugar se encuentran los impuestos indirectos. Por otra parte, las autoridades fiscales tienen otras prioridades: clasificaron los impuestos indirectos como su mayor riesgo de cumplimiento, seguidos por los precios de transferencia en bienes y servicios, intangibles y servicios financieros. Incluso entre las autoridades tributarias, hubo percepciones divididas sobre las fuentes de riesgo, y la divergencia se relacionó fuertemente con el tamaño de la economía del país.
Riesgo fiscal y controversia: la mirada de EY
Desde el punto de vista de EY, es lógico que las autoridades tributarias estén tan preocupadas por los impuestos indirectos: representan una parte cada vez mayor de los ingresos fiscales en muchos países y en la actualidad equivalen aproximadamente al 13,6% del PIB en la Unión Europea (UE). Las empresas no deben perder de vista el énfasis que las administraciones fiscales dan a los impuestos indirectos incluso en contexto de discusión de reformas tributarias del impuesto a la renta. En Chile, como es bien sabido, el impuesto indirecto más relevante es el IVA, que el 2016 representó el 48,5% de los ingresos tributarios, que alcanzaron un monto total de $29 billones de acuerdo al Servicio de Impuestos Internos (SII).
«Las empresas deben desarrollar un enfoque global participativo para el manejo del riesgo fiscal y la controversia. Las empresas no pueden optar por salir de este entorno fiscal cada vez más interconectado: el momento de actuar es ahora y no mañana cuando el problema toque la puerta» — Macarena Navarrete, Socia principal de EY Chile
Volviendo al estudio, otros de los resultados que arrojó fue que el 46.4% de las autoridades dicen que su gobierno apoya una mayor divulgación pública sobre información tributaria, y el 25% respondió que lo considera posible. Por el contrario, el 60% de las grandes empresas señaló en la encuesta que estaban algo, o muy preocupados, de que los gobiernos en el corto plazo obliguen a divulgaciones públicas adicionales sobre cuánto pagan en impuestos en los lugares donde tienen operaciones sus compañías.
Estas proyecciones están en concordancia con políticas de mayor transparencia y colaboración entre países que requieren informes en estas materias. A futuro, esta información se compartirá cada vez más entre los gobiernos en virtud de acuerdos internacionales de intercambio de información, lo que aumentará la probabilidad de divulgación pública, ya sea formal y lícitamente o bien, ilícitamente.
Algunas recomendaciones ante las preocupaciones de autoridades fiscales
Así, el informe entrega algunas recomendaciones y llamados a la acción. Lo primero es la implementación de tecnología de punta a nivel fiscal con el objetivo que los gobiernos puedan enfrentar de mejor forma la recaudación de impuestos indirectos y la administración tributaria digital a través de sistemas de tecnología de la información actualizados y capaces de responder a las solicitudes de las autoridades en tiempo real. Entre estas herramientas se encuentran los procesos de RPA, IA, IOT, cloud computing, big data y otras.
Adicionalmente, también es importante considerar la implementación de un enfoque global para gestionar la controversia fiscal: la tendencia a la transparencia y la posibilidad de que las noticias generen riesgo reputacional, sugiere que las controversias tributarias ya no deberían dejarse en manos de las oficinas locales. Estos tienen el potencial de ser problemas globales, y una polémica con un país podría convertirse rápidamente en un debate con múltiples naciones. Lo anterior nos convoca a tener un enfoque trasnacional.
Por último, hay que supervisar y adaptarse rápidamente a cambios de política y cambios de leyes en todo el mundo como la reforma fiscal de 2017 en Estados Unidos, que representó el mayor cambio en la economía más grande del mundo en los últimos 30 años. Las empresas que hacen negocios en los Estados Unidos están analizando activamente el impacto en sus operaciones. Además de la implementación de BEPS (sigla en inglés que se refiere a la Erosión de la base imponible y traslado de beneficios) en todo el mundo y los cambios que traerá, muchos países pueden reaccionar ante la ley de los EE. UU. a través de reformas fiscales propias.
El actual ciclo de reforma tributaria podría cambiar fundamentalmente las reglas tributarias, tal como las conocemos hoy, preparando el escenario para más incertidumbre y controversia. A medida que los gobiernos continúan implementando sus propios planes de acciones, las autoridades fiscales comienzan a recibir y compartir una cantidad de información sin precedentes.
Las reflexiones anteriores nos dejan una cosa está muy clara: las empresas deben desarrollar un enfoque global participativo para el manejo del riesgo fiscal y la controversia. Las empresas no pueden optar por salir de este entorno fiscal cada vez más interconectado: el momento de actuar es ahora y no mañana cuando el problema toque la puerta.