“Desde la fundación creemos que los conflictos nos permiten avanzar. Hoy las empresas son mejores por la mirada más exigente de la sociedad”, afirmó María Eliana Arntz, directora ejecutiva de la fundación Casa de la Paz en el foro ICARE “Empresa y Territorio”. Para abordar el punto, Arntz definió 8 preguntas en que deben examinarse las empresas cuando quieren instalarse impactando una comunidad.

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“En Chile, ha habido 4 etapas en relación comunidad-empresa: de sordera, de conflicto, de conexión con transaccionalidad. Hoy estamos en mejor pie” — María Eliana Arntz, directora ejecutiva de la Fundación Casa de la Paz

“El beneficio e impacto es una moneda de dos caras”

“¿Las economías locales se benefician o perjudican con la localización de las grandes empresas en sus territorios? Hay pocos datos para determinar realmente el beneficio y el impacto”, contó Arntz.

Por lo mismo, definió —en base al trabajo hecho desde Casa de la Paz— “los atributos del territorio necesarios para el buen desenvolvimiento de la empresa”:

• Capacidades de gestión de los gobiernos locales y regionales
• Capital social de las comunidades
• Estado de conservación y protección del ecosistema
• Base productiva de los territorios (K humano, sistema de proveedores)
• Robustez de la capacidad científica y técnicas instaladas.

“¿Qué pasa cuando estos factores no están presentes? Surgen estos ‘acuerdos no reglados’, que tienen enormes efectos no deseados”:

• Dependen del poder de negociación de las partes (comunidades con mismos impactos, pueden
  lograr beneficios diferentes en función de su poder de negociación).
• No siempre benefician a toda la comunidad afectada (sólo a quienes han participado en el proceso de negociación).
• No se encuentra regulado el objeto del acuerdo (acuerdos en ámbitos muy diversos, que no
  necesariamente se transforman en bienes públicos).
• Aumenta la incertidumbre y costos en el desarrollo de proyectos.
• El Estado está ausente y se desentiende de su rol de garante de la legitimidad y pertinencia del
  proceso y de velar por el respeto a los derechos de los más vulnerables.
• Debilitamiento del capital social de las comunidades, por la precaria gobernanza de los acuerdos.
• Tenemos la necesidad de un marco normativo institucional descentralizado de inserción local de
  las empresas de gran tamaño.

“¿Y mientras tanto qué? Tenemos que hacer 8 preguntas incómodas, las que las empresas muchas veces no saben cómo contestar”, afirmó la directora ejecutiva de Casa de la Paz.

Las 8 preguntas incómodas para empresas

1. ¿Cuáles son los impactos ambientales que no ha podido prevenir o mitigar?
2. ¿Cómo va a alterar la vida cotidiana de las comunidades que habitan ese territorio?
3. ¿Cuáles son los riesgos reales de afectar los derechos humanos de grupos especialmente
   vulnerables?
4. ¿Con cuáles actividades productivas compiten con el territorio?
5. ¿Cuánto empleo local va a generar?
6. ¿Cuál es el protocolo ético con el que conducirá las relaciones con las autoridades locales?
7. ¿Cómo va a medir la efectividad de las inversiones que está comprometiendo voluntariamente?
8. ¿Puede garantizar que esas inversiones voluntarias producen bienes y servicios públicos o son
   capturas privadas de grupos con mayor poder relativo en el territorio?

“Hay que cuidar el diálogo. La relación empresa y territorio, es algo que deben trabajar lo público y lo privado”, remató Arntz.