Suele ser frecuente entender que la discusión de empleo público parece referirse sólo a las asociaciones y gremios del sector público con el Ministerio de Hacienda. Pero la verdad es que el centro del éxito de cualquier gobierno, pasa por las personas y, fundamentalmente, por las personas que actúan como servidores públicos y las personas que reciben esta atención. En los últimos años el modelo clásico y unitario de la función pública, pensando en la captura de un modelo estatutario único ha sido eclipsado, primero, por la accidentalidad de los funcionarios de planta, la generalidad de las contratas y, enseguida, por la multiplicidad de regímenes que lleva a una inevitable confusión: ¿cuál es el régimen real del funcionario público?, ¿Cómo podemos mantener los términos de la carrera funcionaria reconocida en la Constitución y desdibujada en los múltiples regímenes de vinculación laboral? Muchas entidades hoy están sujetas al Código del Trabajo. Por principio los funcionarios no tienen indemnización laboral, algunos regímenes si los contemplan y en otros, primero bajo el arbitrio de sentencias judiciales laborales y después -recientemente- por consideración de la ley, pueden ejercerse acciones de tutela laboral que llevan a la obtención de sendas indemnizaciones. Varios centros de pensamiento han estado impulsando un replanteamiento del régimen del empleo público, modelando un rol fundamental para el Servicio Civil, lo que creemos que debe ser de interés del funcionario y -por supuesto- del ciudadano que debe ser atendido y nunca maltratado por el Estado.