Un pivote de la economía de los contratos es el Estado. El Estado colaborativo siempre debe acudir al privado, ya en el orden de servicios y bienes que requiere para la materializar la satisfacción de las necesidades públicas o en la prestación asociativa del servicio público, o bien para la realización de aquellas obras que debe acometer en razón de infraestructura de uso (carreteras, puertos, aeropuertos, etc.) o de servicios (como acontece en salud y otras áreas), y dejando de lado aquellos otros bienes que requiere en áreas tan sensibles como la defensa y la seguridad del país. La ley de contratos, paradójicamente se refiere a un ámbito muy limitado (provisión de bienes y servicios) y abarca sólo lo relativo a la decisión de contratación y la adjudicación del respectivo contrato. En la realidad normativa chilena, no hay una ley única de contratos con el Estado, sino un heterogéneo grupo normativo (legal y reglamentario) que se refiere a ciertos organismos y en ciertas materias. Tampoco hay un único régimen de solución de conflictos, puesto que el Tribunal de la Contratación Pública tiene un contenido limitado para el ejercicio de sus competencias. Mirar los distintos regímenes, sus complejidades y el modo de solución de conflictos, es el objetivo de este coloquio, quizás en la expectativa de poder dibujar y reflexionar respecto de la conveniencia de que, a estas alturas, tengamos mecanismos que den certeza a la condición del ejercicio de los derechos que como contraparte le cabe a un colaborador contractual del Estado.